El reciente fallecimiento de Martínez de Hoz invita a la necesaria reflexión acerca de cuál fue el significado de su gestión al frente del Ministerio de Economía durante la última dictadura cívico-militar (marzo de 1976 a marzo de 1981). Si bien se trata de un claro exponente del liberalismo vernáculo, su gestión estuvo lejos de erigirse en la aplicación plena de los principios de dicha corriente teórico-ideológica. Muy por el contrario, en la práctica implicó una fuerte intervención del Estado en la economía, con un sesgo claramente regresivo, que posibilitó la expansión de una reducida fracción empresaria, la crisis financiera del sector público y una fenomenal distribución del ingreso en contra de los trabajadores y las pequeñas empresas.
Para ser estrictos deberíamos decir que su gestión combinó elementos propios del ideario liberal –como la política de privatización periférica de empresas estatales (en especial en YPF), la apertura comercial, la liberalización financiera, el congelamiento salarial en el sector público y la liberación de precios– con otros de cuño corporativo–intervencionista, como la ampliación de la política de promoción industrial y el incremento del gasto público en obras de infraestructura. Precisamente fue esta perniciosa combinación la que favoreció la transformación radical de la estructura económica y de las posiciones de los actores que operaban en ella durante esos años.
Si bien en ciertos sectores está muy generalizada la idea de que los militares y sus aliados civiles tenían perfectamente claro cuál era el modelo económico a implementar, lo cierto es que existieron profundas controversias al interior de la alianza gobernante en torno de ésta y otras cuestiones, en particular en el papel que debía jugar el Estado en la actividad económica. Un claro ejemplo de esa contraposición se daría con motivo de la puesta en marcha de la apertura comercial en 1978, la cual ponía en riesgo la viabilidad de casi todo el tejido industrial del país; medida que fue resistida por aquellas fracciones militares que preconizaban la necesidad de una base industrial sólida en aras de garantizar la defensa nacional (téngase en cuenta la hipótesis de conflicto con Brasil que se manejaba en las filas castrenses y el por entonces inminente enfrentamiento con Chile). Estos cuestionamientos llevaron a que en la práctica, la apertura de la economía y la apreciación cambiaria derivada de la aplicación de la “tablita” a fines de 1978, arrasaran con buena parte del espectro manufacturero local, y a su vez tuviera un carácter profundamente asimétrico, generando nichos de protección que favorecieron la concentración y centralización del capital en algunas ramas claves como la siderúrgica.
Otro ejemplo típico del carácter liberal-corporativo de la gestión económica de Martínez de Hoz fue la sanción de un nuevo plexo normativo para el fomento de la industria, que modificaba los alcances del sancionado durante el tercer gobierno peronista, permitiendo, por ejemplo, que las empresas extranjeras pudieran acogerse a sus beneficios. Si bien la implementación de este nuevo régimen tuvo escasa significación en términos macroeconómicos, alcanzó cierto relieve para un conjunto relativamente acotado de ramas industriales productoras de insumos intermedios de uso difundido (siderurgia, petroquímica, cemento, pastas celulósicas, aluminio), que se vieron beneficiadas por una importante transferencia de recursos públicos.
Esta traslación de fondos operada desde el Estado hacia los actores socioeconómicos más concentrados (grupos económicos locales y algunos conglomerados extranjeros de larga data en el país) fue otro de los rasgos salientes de esta gestión, la cual lejos de dejar la asignación de recursos al “libre” juego de las llamadas “fuerzas del mercado” (la famosa “mano invisible”), supuso una fuerte intervención del Estado que apuntaló, en condiciones privilegiadas, el proceso de acumulación y reproducción ampliada del capital de las grandes empresas de la economía argentina
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