En el congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura el Gobierno anunciarán procesos licitatorios y proyectos para la ejecución de obras por más de $40 billones.
Esta semana se realizará en Cartagena el máximo evento de la ingeniería colombiana y por ello el Gobierno tiene en acuartelamiento de primer grado a todas las entidades adscritas al Ministerio de Transporte, preparando sus intervenciones. Con ellas busca demostrar que la locomotora de la infraestructura no va en primera, sino que ya pasó a segunda y que está lista para meterle la tercera.
Y prueba de que el Gobierno está hundiendo el acelerador es el reciente anuncio de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), mediante el cual abrió un proceso licitatorio para contratar una consultora para que realice el estudio de viabilidad y la estructuración técnica, financiera y legal para entregar en concesión los aeropuertos Ernesto Cortissoz de Barranquilla, El Edén de Armenia, Benito Salas Vargas de Neiva, Guillermo León Valencia de Popayán y Santa Ana de Cartago (Valle del Cauca).
Con esta decisión el país busca estar listo para atender el crecimiento de pasajeros que recibirá Colombia gracias a la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio y el interés de empresarios para instalarse en el país aprovechando el dinamismo de la economía y la seguridad jurídica que ofrece el Gobierno.
Sin embargo, algunos críticos del tema, como Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), han señalado, congreso tras congreso, que el país está retrasado en la ejecución de grandes proyectos que lo doten de la infraestructura necesaria para competir de tú a tú en el vecindario.
Por ejemplo, obras como el muelle internacional del aeropuerto El Dorado, que si bien recibió toda clase de críticas en su inicio, demostró que este tipo de proyectos son los que se necesitan y que por ello el Gobierno pondrá en marcha un programa de inversiones que superan los $40 billones en los próximos ocho años.
De acuerdo con Santiago Castro, director de la Aerocivil, el aeropuerto El Dorado no será una ‘pichurria’ y la primera prueba de ello es el muelle internacional que se dio al servicio hace pocos días y que se ha convertido en el punto de comparación con otros países que nos llevaban la delantera en esta materia.
Pero el interés por el país no termina allí. Hace pocos días la empresa chilena Besalco adquirió el 51% de Conciviles y el jueves pasado el fondo austral Sothner Cross Group asumió el manejo accionario de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla.
Sin embargo, en algunos sectores la aceleración no es a fondo, como en la Ruta del Sol, donde los problemas ambientales obligaron a detener la marcha en el tramo entre Villeta y Puerto Salgar. También, en otros tramos viales hay problemas que retrasan el avance de las obras debido a la dificultad para la compra de predios, como en la doble calzada Bogotá-Girardot y en la construcción de la doble calzada entre Loboguerrero y Buenaventura.
Y qué decir de corredores como Bogotá-Villavicencio, donde el tiempo de recorrido de hora y media se duplicó y dependiendo del día se triplica. Esta situación tiene en alerta a la comunidad, que liderados por el gobernador del Mera, Alan Jara, vienen exigiendo al Gobierno Nacional la construcción de una doble calzada, pero sin incrementar el número de peajes, pues en tan solo 90 kilómetros hay tres estaciones de recaudo.
El gran pecado del primer año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien también estará en el Congreso de la CCI en Cartagena, fue dedicarse a resolver los problemas de las 25 concesiones viales que están en operación, muchas de las cuales siguen empantanadas o demoradas, como la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, más conocida como BTS.
Por eso el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, se comprometió —y el Gobierno lo hará en el congreso de la CCI— a que el país está listo para meter la tercera y muy rápidamente llegar a la cuarta, pero no sólo en velocidad, sino a la cuarta generación de concesiones (4G), lo que permitirá definir que los pagos al concesionario estén condicionados al cumplimiento de niveles de servicio y estándares de calidad, lo cual beneficiará a los usuarios de las obras de infraestructura vial.
Pero donde realmente la locomotora está paralizada, literalmente, es en el sector férreo, como consecuencia de los daños ocasionados por el invierno.
Son 835 kilómetros que deberán ser intervenidos para reiniciar la operación de los trenes en las líneas existentes y reducir los costos logísticos de mercancías tales como carbón, petróleo, cemento, fertilizantes, contenedores y mineral de hierro, explicó la presidenta (e) de la ANI, Beatriz Eugenia Morales, quien señaló que la licitación que se abrirá para tal propósito tendrá una inversión de $153 mil millones.
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